Impunidad del gobierno de “unidad nacional”

Este miércoles 21 del presente, la jerarquía de la Iglesia Católica presentó su propuesta de “Indulto Bicentenario” con el fin de expresar un acto de misericordia en los 200 años de vida “independiente” del país, incluyendo y poniendo en un mismo rango a delincuentes comunes y a violadores de derechos humanos durante la dictadura militar, los cuales podrán acceder a disminuir sus condenas o salir en libertad por enfermedades terminales o ser mayores de 70 años. Desde el gobierno y la UDI-RN han salido a defender el accionar de la Iglesia Católica en proponer actos de misericordia y perdón, pero se han mostrado dubitativos en generalizar un indulto, pues quieren ver caso a caso, ya que iría en contra de la política de Piñera en su campaña pre-electoral sobre prevenir y reprimir a la delincuencia y dar seguridad a la población.

Más allá de eso sólo concuerdan en que los militares emblemáticos, M. Contreras, M. Krassnof, A. Corvalán, P. Espinoza, entre otros, no serían beneficiados por esta propuesta. Así lo expresa la propuesta de la I. Católica, “no sería completa la 'mesa para todos' si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por esos delitos cometidos durante el régimen militar… Es un tema que debemos poner sobre la 'mesa de todos' para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”¹
Detrás de ese discurso, se esconde la legitimidad a aplicar el indulto a crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles, es decir, no se puede dar un perdonazo a la acción de atentar contra otra persona, ya sea física o sicológicamente a través de tortura, asesinato, desaparición forzada, exilio, etc., como lo declara la Convención de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, además del Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal². Las organizaciones de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos más la Concertación han salido a rechazar este indulto general a los ex militares condenados por los tribunales, sobre la base de la no aplicación de la amnistía a los crímenes del terrorismo de estado y a diferenciar en grados de responsabilidad de quienes dieron la orden y quienes ejecutaron dichos actos. La discusión de fondo radica en que un cuerpo autoritario, jerárquico y disciplinado bajo la “obediencia debida” ejecutó racionalmente crímenes de lesa humanidad e hizo política de estado el uso de la violencia política como recurso legal y moral de disciplinar a los “delincuentes, subversivos o terroristas” como se les llamó en la época, por ello es inviable cualquier indulto que sea un precedente para volver a aplicar dichas prácticas de terrorismo de estado. Si la obediencia debida significó sobrepasar el principio de la vida, es de destacar la valiente acción de los marinos que dijeron NO a realizar el golpe de estado, los cuales fueron torturados y jamás sus victimarios enjuiciados, donde hasta el día de hoy estos marinos viven con penas de extrañamiento y no pueden volver a Chile porque sus procesos siguen abiertos, y de militares que se negaron a ejecutar sumariamente a “enemigos internos”, caso contrario a las actuales policías que se entrenan reprimiendo y asesinando al pueblo-nación mapuche en su lucha por recuperación de tierras y autonomía. Esto comprueba la falsedad moral del capitalismo al establecer conductas o valores únicos e irrenunciables, ya que todos ellos se asocian a qué clase social es la que domina sobre quién.
La izquierda debe expresar su más hondo rechazo y repudio a la política de indulto de la Iglesia Católica y al gobierno por avalar y ser parte de dejar en libertad a los violadores de Derechos Humanos, ¿es esta la unidad “nacional” de la que habla tanto?. Todas las medidas anti-populares del gobierno han pasado sobre la base de la supuesta unidad nacional con la complicidad de las burocracias sindicales y políticas de la izquierda reformista que no han movilizado en lo absoluto contra el gobierno Piñera. Es hora de emplazar a estas organizaciones y a la vez construir una alternativa de combate a éstas, porque de lo contrario seguiremos en el inmovilismo.